Política | La iniciativa apunta a ampliar las competencias de la Dirección Nacional de Migraciones y profundizar una política migratoria más restrictiva, en línea con los cambios introducidos en 2025.
El Gobierno nacional avanza en la redacción de un decreto que modificará el funcionamiento de la Dirección Nacional de Migraciones, organismo dependiente del Ministerio de Seguridad, con el objetivo de endurecer los controles fronterizos y ampliar las facultades de la entidad.
Según fuentes oficiales, la norma se publicaría en el corto plazo. La iniciativa se inscribe dentro de una política migratoria más restrictiva y se sumará a las modificaciones ya dispuestas a través del DNU 366/2025, publicado en mayo, que reformuló el régimen migratorio con un enfoque puesto en el mayor control del ingreso al país, el acceso a la asistencia social y la promoción de inversiones extranjeras mediante incentivos como la ciudadanía por inversión.
Desde el Ejecutivo explicaron que el nuevo decreto busca completar y reglamentar aspectos que quedaron pendientes. “La idea es fortalecer el rol de Migraciones y la política migratoria en general. Esto ya se hizo con un decreto, pero hay cuestiones a subsanar y reglamentar. Se apunta a una doctrina de seguridad más dura”, señalaron fuentes vinculadas a la elaboración de la norma.
En términos concretos, la reforma otorgaría mayores facultades a Migraciones para implementar controles más estrictos sobre quienes ingresan al país, especialmente ciudadanos provenientes de naciones consideradas de “baja vigilancia”.
Entre las medidas en análisis se contempla un examen más exhaustivo de antecedentes y la posibilidad de exigir visa a ciudadanos de nuevos países.
Actualmente, la Argentina ya solicita visa a personas provenientes de diversas naciones de Asia y África, como China, Afganistán, Angola, Arabia Saudita, Burundi, Camerún, Egipto y Haití, entre otras. Ese listado podría ampliarse si prospera la nueva reglamentación.
Hasta ahora, Migraciones cumplía principalmente tareas vinculadas a la gestión de residencias, ciudadanías e ingresos de visitantes, pero con los cambios introducidos este año comenzó a asumir un rol más activo en el control migratorio.
El DNU 366/2025 incorporó, entre otras disposiciones, la deportación de extranjeros condenados por delitos y el pago de los servicios de salud y educación por parte de quienes no cuenten con residencia regular.
Además, la normativa estableció que las personas con situación migratoria irregular solo podrán acceder de manera gratuita al sistema de salud en casos de emergencia, marcando un quiebre con el esquema anterior.
En la misma línea, un Decreto posterior dispuso que la ciudadanía argentina solo se otorgará a quienes acrediten dos años de residencia continua, sin salidas del territorio nacional.
En su momento, el vocero presidencial y actual Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue contundente al explicar el nuevo criterio: “Quienes entren o permanezcan de forma irregular ya no van a ser recompensados con la ciudadanía, como ocurría hasta ahora”.
