Política | La Cámara alta aprobó la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional, que reforma el sistema tributario y el Régimen Penal Tributario, con el objetivo de incentivar la regularización de capitales no declarados y redefinir la relación entre el Estado y los contribuyentes.
En su primera sesión con la nueva composición y luego de la aprobación del Presupuesto 2026, la Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa que busca incentivar el uso de dólares no declarados, popularmente conocidos como “dólares del colchón”.
El tratamiento de esta norma fue el último tema abordado por el Congreso en el año, y representó la aprobación del segundo proyecto incluido en el temario de sesiones extraordinarias que se sancionaron durante el mes de diciembre.
La iniciativa fue aprobada con 43 votos afirmativos, correspondientes a legisladores de La Libertad Avanza, la UCR, el Pro, además de la neuquina Julieta Corroza, los representantes santacruceños de Por Santa Cruz, Camau Espínola, la salteña Flavia Royón y Luis Juez. En tanto, hubo 26 votos negativos y ninguna abstención.
Votaron en contra los integrantes del interbloque conducido por José Mayans, aunque se registraron ausencias al momento de la votación, entre ellas las de Guillermo Andrada, Sergio Uñac y Alejandra Vigo.
El proyecto introduce una reforma integral del sistema tributario y del Régimen Penal Tributario, proponiendo un cambio estructural en la relación entre el Estado y los contribuyentes, basado en el principio de presunción de inocencia.
En ese marco, se redefinen los criterios para la configuración de los delitos fiscales, priorizando la intervención penal solo en casos de “evasión relevante”, con el objetivo de descomprimir el sistema judicial y concentrar los recursos del Estado en conductas de mayor gravedad.
La ley incorpora mecanismos que permiten la extinción de la acción penal cuando el contribuyente regulariza su situación fiscal, y establece límites precisos para iniciar o continuar procesos penales cuando las facultades del fisco se encuentran prescriptas.
Además, introduce una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas en tiempo y forma, salvo que se detecten inconsistencias relevantes.
Otro de los puntos centrales es la creación de un Régimen Simplificado de Declaración Jurada, orientado a facilitar el cumplimiento tributario, incentivar la formalización y garantizar que la información patrimonial no sea utilizada como herramienta de persecución futura.
En cuanto a los umbrales de evasión, la norma eleva de manera significativa los montos a partir de los cuales una conducta se considera delito: la evasión simple pasa de $1,5 a $100 millones, la agravada de $15 a $1.000 millones, la evasión a la seguridad social de $200 mil a $7 millones, y el uso de facturas apócrifas de $1,5 a $100 millones.
Respecto del Régimen Simplificado de Ganancias, se fija un tope patrimonial de hasta $10.000 millones para adherir, se elimina la obligación de informar variaciones patrimoniales y no se controlarán los consumos. En ese esquema, ARCAcobrará el impuesto a las Ganancias únicamente sobre los ingresos facturados, independientemente del crecimiento patrimonial.
Finalmente, la ley reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años, y establece que no se iniciarán acciones penales si se cancelan las deudas e intereses correspondientes, beneficio que podrá utilizarse una sola vez por contribuyente.
Con esta sanción, el Gobierno nacional cerró el año legislativo con una de las reformas fiscales más relevantes del período, que promete generar impacto en el sistema impositivo y en el comportamiento de los contribuyentes.
