Política | La administración nacional intimó a UTA y La Fraternidad para que no se sumen a la huelga general convocada por la CGT en rechazo al proyecto de Modernización Laboral; advierte con sanciones legales y pérdida de personería gremial si desobedecen la conciliación obligatoria vigente.
En la antesala del paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral que se debatirá este jueves en la Cámara de Diputados, el Gobierno elevó la tensión con los principales gremios del transporte.
A través del Ministerio de Capital Humano, la administración intimó formalmente a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y al sindicato de maquinistas La Fraternidad para que no se sumen a la medida de fuerza, bajo advertencia de aplicar “sanciones legales e institucionales”.
El argumento del Ejecutivo se basa en que ambos sindicatos están actualmente bajo procesos de conciliación obligatoria por conflictos salariales previos y la adhesión a un paro implicaría un incumplimiento de esa instancia legal.
Desde la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social advirtieron que cualquier paralización de colectivos y trenes representaría un quiebre de la conciliación y daría lugar a multas económicas e incluso a un proceso para quitarles la personería jurídica, la licencia legal que les permite operar como sindicatos.
Según fuentes oficiales citadas por medios nacionales, la imposición de sanciones podría iniciarse con fuertes multas y, de persistir la desobediencia, avanzar hacia la retirada de la personería gremial, una pena máxima que el Gobierno asegura podría llegar a concretarse.
La intimación se da justo cuando los gremios del transporte ya han confirmado su adhesión al paro convocado por la CGT en rechazo a la reforma laboral, que impulsa cambios en derechos laborales y condiciones de trabajo, lo que despertó un amplio rechazo sindical.
Se espera que la huelga tenga un impacto significativo en servicios de colectivos, trenes y otros medios de transporte durante este jueves, día previsto para el tratamiento del proyecto en la Cámara baja.
El cruce entre el Gobierno y los sindicatos marca una creciente escalada en el conflicto social y laboral alrededor de la reforma, con la administración dispuesta a apelar a sanciones legales para frenar la protesta y los gremios determinados a ejercer su derecho de huelga ante lo que consideran un ataque a los derechos de los trabajadores.
