Judiciales | La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la recusación de Cristina Kirchner contra el Juez Gustavo Hornos, presidente de la Sala IV, que revisa la sentencia del caso Vialidad. CFK argumentó que, debido a una denuncia reciente contra Hornos por presunta violencia de género y su propia identificación como víctima de este tipo de violencia, el Juez no debía seguir interviniendo en su causa.
La Sala IV, integrada por los Jueces Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, es la responsable de revisar la sentencia que dictó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), a través de la cual se condenó a Cristina a seis años de cárcel por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Los Camaristas señalaron que “el planteo recusatorio resulta improcedente para habilitar el apartamiento pretendido, toda vez que se sustenta en cuestiones ajenas a los hechos de este proceso”.
De este modo, y luego de que en mayo pasado concluyeran las audiencias, la Sala IV se encuentra en condiciones de dictar sentencia en la causa Vialidad, que se encuentran a estudio de la Casación luego de las apelaciones de las defensas de los condenados, entre ellos la ex Presidente, Lázaro Báez y José López, y también del Fiscal.
Se trata de la causa que analizó las 51 licitaciones viales que la gestión kirchnerista adjudicó a Lázaro Báez.
La sentencia sostuvo que los procesos de otorgamiento de obras fueron irregulares: direccionamiento, sobrecostos, certificaciones abonadas sin los avances de obra correspondientes, circuitos exclusivos de pago, entre otras irregularidades.
A través de su abogado, Carlos Beraldi, la ex Vicepresidente presentó un escrito para apartar al Camarista Gustavo Hornos, quien fue denunciado por su ex pareja en una causa por presuntos hechos de violencia de género.
Al analizar los argumentos de Cristina Kirchner, los Jueces Borinsky y Barroetaveña resolvieron no hacer lugar al planteo, confirmando en consecuencia, al Camarista Hornos en la intervención del caso Vialidad, en esta etapa de revisión de la sentencia condenatoria que dictó el TOF 2 hace dos años.
El máximo tribunal penal se encuentra revisando la acusación que fijó el perjuicio ocasionado en 80.000 millones de pesos, en parte porque el 50% de las obras adjudicadas y pagadas, el ex socio comercial de Cristina Kirchner, nunca las terminó.
La decisión que deben tomar los tres camaristas es si confirman la sentencia tal cual la dictó el TOF 2, o bien si le conceden la razón al Fiscal Diego Luciani quien consideró que la ex Vicepresidente debe, además, ser acusada como jefa de una asociación ilícita, lo que llevaría su condena a doce años.
La tercera opción es tener en cuenta lo planeado por las partes, entre ellas la defensa de la ex Presidente, y anular la sentencia pidiendo que el Tribunal vuelva a expedirse.
